Atados al Olvido: Cuando la Discapacidad se Encuentra con la Indiferencia

En Colombia, la dignidad humana está consagrada como pilar fundamental del Estado Social de Derecho. Pero ¿qué ocurre cuando esta dignidad se ve reducida a una correa en la muñeca de una persona con discapacidad? ¿Qué pasa cuando la protección prometida por la Constitución es reemplazada por la negligencia, el silencio y la falta de humanidad?

El reciente informe del programa Séptimo Día, emitido el 4 de mayo de 2025, evidenció lo que muchos prefieren no ver: personas con discapacidad atadas a sus camas en centros médicos de Santander. No como medida terapéutica excepcional, sino como rutina de encierro, control y abandono. El dolor no solo está en la imagen, sino en lo que representa: la normalización de la exclusión, el castigo por necesitar cuidados, la injusticia de nacer o vivir con una condición que debería ser protegida, no castigada.

La protección especial no es simbólica: es una obligación.

Nuestra Constitución, en su artículo 13, es clara: las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta —como es el caso de quienes viven con discapacidad— deben recibir protección reforzada. Esta no es una frase de adorno. Es un mandato que compromete al Estado, a las instituciones, a los profesionales de la salud, y a toda la sociedad.

La Ley 1618 de 2013, la Ley 1098 de 2006 (si hablamos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad), y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 2009), ratifican un principio innegociable: toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto, a recibir atención integral y libre de maltrato, sin discriminación ni violencia.

Entonces, ¿qué nos dice que en pleno 2025 sigan ocurriendo hechos así? Nos dice que la legislación sin implementación es letra muerta. Que el marco legal no basta si no hay vigilancia efectiva, sanción oportuna y compromiso real por parte del Estado.

Encadenar a alguien que no puede defenderse es más que un acto físico. Es una violación emocional, una amputación simbólica de su humanidad. Es decirle con hechos: “Aquí no importas”. Es negarles la posibilidad de vivir con sentido, con trato digno, con acompañamiento médico y emocional.

Esta situación no puede ser interpretada como un hecho aislado. Es parte de una falla estructural de un sistema que no prioriza la salud mental, ni respeta la diversidad funcional, ni acompaña realmente a las familias cuidadoras.

Debemos rechazar con fuerza, pero con respeto, cada forma de trato cruel o degradante contra quienes más necesitan acompañamiento. La defensa de los derechos de las personas con discapacidad no puede limitarse a los discursos institucionales del Día Internacional de la Discapacidad. La garantía real se mide en los pasillos de una IPS, en el tiempo que se invierte en formación a los cuidadores, en la presencia —o ausencia— de protocolos de atención humanizada.

Hoy, como abogada, ciudadana y madre, levanto la voz por quienes no pueden hacerlo. Que el país despierte. Que no se nos vuelva paisaje la indiferencia.

Si ves una injusticia, denúnciala. Si conoces a una familia en silencio, acompáñala. Si trabajas en salud o educación, forma parte del cambio. Porque no hay democracia sólida si no empezamos por respetar a quienes no pueden defenderse solos.